DONDE NO HAY GANANCIAS LAS PÉRDIDAS SON SEGURAS

Malos vientos corren para el cine español. El Tribunal Supremo (TS) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que obliga a las televisiones a invertir un porcentaje del 5% de sus ingresos en cine español y europeo. Bajo el Argumento de que esta obligación iría contra el artículo 38 de la constitución al atentar contra la libertad de empresa, la cual le permite decidir en qué y cómo invertir sus ingresos, el Tribunal explica además que esta ley carece de lógica al tener que ayudar a financiar a un sector económico diferente de la televisión como es el cine.
Desde 1999, cuando el Gobierno del PP impuso a los operadores audiovisuales públicos y privados esta obligación, las cadenas han invertido (forzosamente) más de 1.100 millones de euros. Esta ley obliga a grandes cadenas, como Antena 3, Telecinco, TVE y Sogecable. Con el añadido de que no era uniforme en la aplicación: sólo afectaba a aquellas que programaran películas con menos de 7 años de antigüedad.
Sin embargo esta imputación no sale de la nada, sino que es fruto de las constantes críticas y presiones que han venido realizando la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Uteca, la cual tenían que unir al peso de la crisis “la carga económica de este regalito, que por si fuera poco no se realizaba sobre los beneficios anuales de las cadenas, sino sobre los ingresos, llevando a situaciones tan paradójicas como que una emisora que tuviera déficit ese año también se viera obligada a financiar el cine español.
Y es que esta absurda idea tenía ya que hacer aguas. Primero porque se estaba olvidando el aspecto esencial de las televisiones privadas: son un negocio. En una economía de mercado, el estado como tal no debería estar facultado para cargara sobre las cuentas de resultado la obligación de potenciar otro sector económico diferenciado y con matices poco viables.
Todo gobierno que se precie pretende potenciar la cultura; la pregunta es ¿Qué se entiende por cultura? A lo que hay que añadir:¿Es el cine un servicio público o una industria? En primer lugar esta claro que es difícil competir contra las grandes multinacionales de Hollywood, las cuales disponen de presupuestos inimaginables para realizar cualquier película. En este sentido si tendría lógica que el estado ayudara al cine español. Sin embargo, no podemos olvidar el peligro innato que conlleva esta estructura; al depender un filme del dinero que le otorga el gobierno, que no es más que un partido político mayoritario. Aquí surge el problema base, que en muchas ocasiones genera verdaderas cutreces cinematográficas carentes de algún interés y que realmente se convierten en instrumentos políticos de propaganda.
Es el público, en el cine la taquilla, la que determina cuando una película es buena o mala, esto es una realidad. El cine en sí se ha convertido en un producto de entretenimiento, y éste triunfará o fracasará según sea capaz de satisfacer la demanda de la ciudadanía. La mayoría de los espectadores acuden al cine atraídos por una película que le pueda resultar divertida, intrigante o misteriosa; pero desde luego pocos espectadores se deciden a pagar 6 euros para ver películas de posguerra cargadas políticamente o dramas típicos de Almodóvar que dejan sin esperanza hasta al más ingenuo. Si el gobierno quiere ayudar realmente a hacer un cine español competitivo, que pueda estar al nivel del cine europeo, necesita replantearse la estrategia, e intentar ver cuales son los puntos que a día de hoy están flaqueando; es poco inteligente subvencionar algo que no funciona en el mercado. Dónde no hay ganancias las pérdidas son seguras.